El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma integral del Código Penal de la Nación en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza con un mensaje es claro: endurecer las penas, modernizar la legislación y dar un golpe de timón a un cuerpo normativo que data de 1921. El proyecto, de 301 páginas y 540 artículos, busca ser la actualización más profunda del derecho penal argentino en más de un siglo y promete encender el debate político y judicial.

El ambicioso proyecto ha sido impulsado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero fue elaborado por una Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación. Esta comisión, que trabajó durante más de un año e incluyó un centenar de reuniones y consultas, fue coordinada por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, e integrada por un equipo de juristas, fiscales, y magistrados de renombre como Jorge Buompadre (Presidente) y la jueza María Eugenia Capuchetti. La impronta del trabajo fue la de consolidar más de mil leyes penales especiales en un único cuerpo normativo, buscando sistematicidad y eficacia.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el endurecimiento de las penas para los delitos graves. La propuesta apunta a que la prisión de cumplimiento efectivo sea la regla para crímenes como homicidios, agresiones sexuales y narcotráfico, limitando la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Se busca la proporcionalidad en la aplicación de las sanciones, incrementando significativamente los castigos en casos de corrupción y tráfico de drogas, con penas que podrían alcanzar hasta 20 años para los eslabones de mayor poder dentro de las organizaciones criminales.

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Dentro del proyecto, además, tiene particular interés la idea de avanzar en la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, permitiendo que adolescentes de 14 a 18 años sean juzgados penalmente, mientras que los menores de 13 no serán punibles. Se establece que la edad mínima para la privación de libertad sería de 15 años, con penas alternativas para delitos menos graves y la prohibición de la prisión perpetua. El régimen prevé alojar a los menores imputados en establecimientos especiales o secciones separadas.

La lucha contra la corrupción también ocupa un lugar preponderante, con agravamientos en las penas para figuras como el cohecho e incorporación del delito de soborno entre privados. Además, se redefine el delito de enriquecimiento ilícito, ampliando el rango de personas que pueden ser consideradas sujetos activos, y se tipifican otros fraudes en perjuicio del Estado, como el desvío de planes sociales y subsidios, enviando una señal clara a la dirigencia política y sindical.

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En un intento por adaptar el Código Penal a la realidad del siglo XXI, la reforma tipifica una serie de delitos informáticos y vinculados a la inteligencia artificial (IA). Entre las nuevas figuras se encuentra la persecución de conductas como la creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante IA, el fraude digital y los ciberataques complejos. Esta modernización es vista como vital para combatir la criminalidad emergente que se mueve en el ámbito digital, eludiendo las viejas fronteras del derecho penal tradicional.

Otra novedad relevante es la incorporación de la figura del crimen organizado con penas severas, una suerte de "ley antimafia" que busca desarticular estructuras criminales de carácter transnacional. Asimismo, la propuesta se centra en otorgar un rol preponderante a las víctimas durante el proceso judicial y fortalecer su resguardo jurídico, un cambio de paradigma largamente solicitado por diversas organizaciones de la sociedad civil, como Madres del Dolor, que fueron consultadas durante la elaboración.

La importancia de este proyecto, dijeron las fuentes consultadas, reside en su potencial para transformar el sistema de justicia penal argentino. Sus impulsores señalan que busca dejar atrás el Código de 1921 -modificado más de 900 veces-, para consolidar un país más seguro y con penas que se apliquen de manera efectiva. El objetivo es que la ley penal responda a las nuevas modalidades delictivas, al tiempo que refuerza el compromiso con las convenciones internacionales, incluyendo la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad.

La presentación en un penal de máxima seguridad como Ezeiza subraya la intencionalidad política del Gobierno de Javier Milei: una agenda de seguridad firme en un contexto electoral. El proyecto se encamina ahora al Congreso Nacional, donde deberá enfrentar un debate complejo y una negociación ardua para su sanción, ya que, como código de fondo, requiere ser aprobado por el Poder Legislativo.

Principales puntos del proyecto de reforma

Nuevos delitos y figuras:

- Delitos sexuales

Se incorpora el stealthing (retirar el preservativo sin consentimiento), la pornovenganza y se agrava la figura del grooming y la difusión de material de abuso infantil.

- Delitos informáticos e IA

Se penalizarán las imágenes falsas generadas por inteligencia artificial con contenido sexual, el fraude digital y los ciberataques complejos.

- Violencia

Se tipifican nuevos tipos de violencia organizada, como los daños con sustancias químicas y la crueldad animal.

Endurecimiento de penas y imprescriptibilidad:

- Imprescriptibilidad

Los delitos graves como homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad serán imprescriptibles.

- Delitos graves y corrupción

Se aumentan las sanciones para funcionarios, se penaliza el soborno entre privados y se eliminan beneficios como la libertad condicional para reincidentes.

- Delitos viales

Se endurecen las penas para los delitos viales y el entorpecimiento de medios de transporte público.

Nuevas figuras y protección:

- Responsabilidad penal de personas jurídicas

Se extiende a más delitos, incluyendo trata, terrorismo y delitos ambientales.

- Delitos ambientales

Se incluyen sanciones más severas para conductas que dañan la biodiversidad, la minería ilegal o los bosques nativos.

- Decomiso de bienes

Se prevé el decomiso definitivo de bienes incautados en delitos, bajo ciertos presupuestos, sin esperar la culminación del proceso penal.